Frente al ataque a las libertades y a los derechos sociales y laborales por parte de las élites del poder neoliberal, ya CGT, está y estará siempre con aquellas y aquellos que luchan para defender la justicia social y la dignidad de las clases populares.
La deriva autoritaria del estado, que se enfrenta mediante el ejercicio de una brutal represión, tanto policial como judicial, al creciente malestar de la población, manifestada en el derecho a expresar su indignación ante la oleada de leyes, decretos etc., con los que el gobierno, recorta derechos laborales y sociales en beneficio de intereses privados y que están sumiendo a amplias capas de la población en una situación de escasez y miseria que nos transporta a la oscuridad y la injusticia de épocas pasadas.
Cuando la población manifiesta su oposición a este ataque a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, el poder, se defiende con todo su aparato represivo, con sus cuerpos y fuerzas de seguridad, con todas las herramientas legales de su justicia, en un ejercicio de amedrentamiento y represión directa contra las personas, organizaciones y movimientos que ejercemos, de forma pacífica, nuestros derechos y libertades como son el derecho a la huelga, a la manifestación, a la libertad de expresión. Derechos que se ejercen, como medio de revertir la situación actual de desastre y miseria a las que las políticas neoliberales, implementadas desde la Troika y ejecutadas servilmente por el Gobierno del Estado, nos están llevando.
Derechos que como el de Huelga, está siendo demolido de manera encubierta desde el poder, mediante la represión y la criminalización de los piquetes informativos, las detenciones arbitrarias y las condenas ilegitimas y desproporcionadas, y que nos introducen en una espiral peligrosa, más propia de una dictadura, que de una democracia.
Esta situación de represión de las luchas obreras y sociales ocurre en un momento en el que la corrupción política y empresarial campa a sus anchas por todo el territorio, con más de 1500 imputados e imputadas y cientos de condenadas y condenados por delitos gravísimos contra la hacienda pública y el interés ciudadano, sin que haya entrado nadie en prisión.
La sentencias y peticiones de cárcel desproporcionadas a las y los activistas sociales por defender sus legítimos derechos demuestra el desequilibrio y la “doble vara de medir” que se emplea cuando se trata de juzgar a trabajadoras y trabajadores o a empresarios y empresarias. Si un empresario comete el delito de impedir el derecho constitucional a la Huelga, amenazando con despidos o saltándose los servicios mínimos, o bien estableciéndolos abusivos, una vez demostrado y sentenciado el delito, se le sanciona con multas económicas y nunca con penas de cárcel.
Ante esta situación, ya CGT, manifiesta su intención de seguir luchando en la defensa de los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras, apoyando y defendiendo a todas las personas represaliadas por luchar por una sociedad más justa e igualitaria, junto con todas las organizaciones y colectivos que defienden sin miedo, la libertad de nuestro pueblo.
Chanzo cgt.org.es
Samahani, fomu ya maoni imefungwa kwa wakati huu.