SIN VACACIONES PERO 60 DESPIDOS
En la reunión que se tenía que celebrar para resolver el tema de las vacaciones, la empresa se presento con un nuevo plan industrial, para dar una mayor carga de trabajo a la fábrica de Santa Perpètua, eso conllevaba, también, modificaciones sustanciales en las jornadas, horarios y turnos de carácter personal para los trabajadores y que si el comité firmaba, este plan industrial, se verían disminuidos los despidos. Es sabido que para estas modificaciones, la empresa no necesita la firma del comité. Lo que la empresa pretendía, con la firma del comité, era una contrapartida: que los trabajadores se quedasen indefensos ante la posibilidad de poder denunciar, reclamar e incluso dejar sin efecto alguna de las denuncias que ya están presentadas.
En la asamblea que se celebró el lunes 15 de septiembre el comité informó que de ninguna manera iba a firmar un acuerdo en contra de los trabajadores como nunca lo han hecho; en esa asamblea se les recordó que si que habían firmado acuerdos en contra de los trabajadores y la respuesta del comité fue un ataque a la asamblea reiterando que el comité no ha firmado nunca nada en contra de los trabajadores. En otro orden de cosas la asamblea discurrió con distintas intervenciones que el comité fue respondiendo, no sin alguna discusión. El principal punto del orden del día, que eran las vacaciones, se quedo aparcado, ya que la empresa no quiso hablar del tema con el comité y suspendió las reuniones del viernes 12 de septiembre y la que se tenia que hacer en la inspección de trabajo el 15 de septiembre, quedando esta ultima aplazada para el próximo lunes 22 de septiembre.
El miércoles 17 de septiembre la empresa movió ficha, informada o enterada de que el comité no iba a firmar su plan industrial, presento una lista con 60 nuevos despidos, efectivos para ese mismo día.
También el mismo día (17 de septiembre) salio a la luz un documento en que el comité (los representantes de los trabajadores, que dicen y reiteran que nunca firman nada en contra de los trabajadores) y la empresa (parte actora) están ambos conformes en pedir al juzgado de Sabadell, retrasar el plazo para dictar sentencia sobre la legalidad de la huelga, y así evitar que esta sentencia salga antes del juicio por el ERE en la Audiencia Nacional. Siendo esta otra de las muchas firmas que se han hecho de espaldas a los trabajadores.
Y para mas colmo de despropósitos también sale a la luz publica que la empresa ha recibido un crédito de 8 millones de euros, por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), o sea, el banco de la Generalitat de Catalunya. Y entonces surge el dilema: quiere esto decir que el dinero de los contribuyentes se va a utilizar para la financiación de las indemnizaciones de los despidos de los trabajadores de la fábrica catalana de Santa Perpètua, dejándola en servicios mínimos, ya que solo se van a fabricar los donuts que se van a consumir en Catalunya ¿por qué estos 8 millones no se destinan para becas, comedores o dependencia y no como premio a unos despidos?
Sección Sindical de CGT Panrico
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