El Gobierno de España vuelve, una vez más, a atentar contra nuestros derechos y libertades. Esta vez se trata de la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida y mucho mejor denominada como ley mordaza.
Con la entrada en vigencia de esta ley, el Gobierno pretende taparnos la boca, limitar nuestra libertad de expresión, de información y de libre circulación. Se trata de derechos que, de manera hipócrita, el poder político establece como libertades públicas en su tan preciada Constitución. Desde el gobierno han observado que no nos callamos, que hemos dicho basta a tantas medidas que restringen, y en muchos casos hacen desaparecer, nuestros derechos. Por eso responden de manera drástica, tomado al pueblo aquellos mecanismos de los que hace uso para evitar «legalidades» nada legítimas.
El proyecto de ley tipifica como infracciones administrativas y castiga con elevadas multas económicas (las más graves pueden ser de hasta 600.000 euros, sin tener en cuenta la capacidad económica del «infractor») actuaciones que desde el pueblo se han llevado a cabo para proteger los derechos y libertades de las personas. Mencionamos algunas:
1. Se castigan de forma muy grave las manifestaciones y reuniones no comunicadas que se realicen en instal • laciones que prestan servicios básicos para la comunidad, como pueden ser las concentraciones ante hospitales para la defensa de la sanidad pública.
2.Tipifiquen como infracción grave las manifestaciones que se realicen ante el Congreso o el Parlamento (recordemos las concentraciones ante el Congreso y los Parlamentos Autonómicos raíz del movimiento del 15-M).
3. Penalizan administrativamente actos de obstrucción, entre otros, que pretendan impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales. Por ejemplo, perseguirán los actos de solidaridad y resistencia en desahucios de viviendas.
4. Castigan también el escalamiento de edificios y monumentos sin autorización y el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de una manifestación, reunión o acto público.
Algunas de estas conductas se encontraban hasta ahora tipificadas como falta en el Código Penal. Tratadas como faltas, comportaban un juicio previo, unos plazos de prescripción más cortos y una sanción económica mucho más leve que las infracciones administrativas ahora tipificadas por la Ley Mordaza.
Con este cambio de jurisdicción, el poder político sanciona directamente por la vía administrativa, un procedimiento que será mucho más rápido, directo y nos dejará más indefensos ante sus actuaciones. Al mismo tiempo nos dificulta las medidas de defensa y de impugnar las multas. Hay que recordar que la existencia de tasas judiciales hace poste • lès el interés del poder político de circunscribir el acceso a la justicia (no olvidemos que se trata de la «justicia» burguesa) a las clases altas.
Nos recortan la salud, la educación, nos dejan casi a cero en derechos laborales y ahora intentan desactivar nuestras herramientas de lucha y resistencia.
La única respuesta que nos queda es impedir que esta ley sea finalmente una realidad. Desde la CGT llamamos al pueblo a resistir para hacer ver a la clase política que a pesar de los atentados continuados de este gobierno de herencia, mentalidad y proceder fascista, continuaremos luchando por la consecución de una sociedad libertaria. Será la intensificación de la lucha en las calles y en los centros de trabajo la que desborde la ley y haga impracticable su aplicación.
Y así, entre todas, la acabaremos cambio.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT Cataluña
Fuente cgtcatalunya.cat
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