Supone una nueva agresión social que pretende dejar sin otro servicio público a la mayoría de la población
El pasado día 20 de noviembre el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Ley de Tasas Judiciales que supone una nueva agresión al conjunto de la ciudadanía y en especial a las clases más desfavorecidas.
Nos encontramos con que las y los ciudadanos que pretendan acudir a la justicia van a tener que adelantar unas cantidades desorbitadas para conseguir llegar a juicio, lo que conllevará que una gran parte de la población deje de acudir a reclamar sus derechos.
La nueva ley traerá unas nefastas consecuencias para el 99% de la población, al que se les veta el derecho a la Justicia a la par que se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el Art. 24.1 de la Constitución, conculcando con ello uno de los derechos básicos de las y los ciudadanos.
Los casos más sangrantes se darán en aquellos colectivos más vulnerables como en los asuntos relacionados con la violencia machista, embargos de viviendas, recursos administrativos civiles, multas administrativas, recursos penales y reclamaciones de las y los trabajadores contra decisiones empresariales.(Pānuihia te toenga o nga korero i cgt.org.es)