Casi todos los partidos políticos (PP. PSOE, CIU, PNV, UPyD), en septiembre de 2011, dieron “un golpe de estado antidemocrático” contra su “estado social y de derecho”. Reformaron el artículo 135 de la CE y consagraron que siempre habrá dinero para pagar una deuda ilegítima (intereses + el principal) a los banqueros, fondos buitres y demás tenedores de la deuda.
A partir de ese momento, todo lo público, lo que es de todos y todas quedó supeditado, su financiación, a lo que reste, después de traspasar más de 90.000 millones de euros (bien de forma directa, bien en avales) al sistema financiero.
Todas las Cajas venían obligadas por ley a regirse por la lógica de lo público: sus objetivos son la satisfacción de las necesidades, por lo tanto no es un objetivo económico del beneficio privado. Son objetivos que buscaban la protección social y la redistribución de la riqueza. Los elementos de gestión que aparecen son sociales y políticos (políticas de redistribución, valores de solidaridad, participación de los ciudadanos/as). El control no era individual sino social (público). La gestión no se regía por el principio de rentabilidad económica, sino por principios de reparto para cubrir necesidades sociales.
Cajas gestionadas en función de la representatividad política obtenida en cada territorio, más los ayuntamientos, la CEOE, la CEPYME y los sindicatos del régimen (CC.OO y UGT).
Todos los gestores venían obligados por ley a una gestión de los recursos públicos de manera eficiente y con garantías de suficiencia para alcanzar los fines sociales, económicos y financieros del territorio en el cual actuaban. Su gestión no podía buscar el interés privado, como tampoco el lucro personal.
86 gestores del “entramado” Caja Madrid-Bankia-Banif, han expoliado (parece que además existen delitos societarios y de apropiación indebida), para su uso personal y privativo, 15,5 Millones de euros (más de 2.500 Millones de pesetas), desde el 2003 al 2011. Además tenían sus sueldos, super millonarios (Blesa (PP), Rato (PP), Santín (IU), Sporttono (Casa Real), Bravo, Rodolfo Benito (CC.OO), José Ricardo Martínez (UGT), etc.).
Estos “gestores públicos” son directamente responsables de todos los fraudes (por acción o por omisión) llevados a cabo por las Cajas de Ahorros (todas las Cajas) y ligados directamente a las burbujas inmobiliarias (suelo municipal y/o público incluido) y a la especulación financiera (preferentes, subordinadas, hipotecas sobrevaloradas, etc.). Ello ha obligado a su “estatalización”, a través de traspasar hasta más de 40.000 millones de euros a “sanear” el gran saqueo de lo público, de los cuales el “entramado Bankia-Banif-caja Madrid”, él solito, absorbe 24.000 millones de euros.
Cuando ya hayamos enterrado con dinero público su gran fraude-estafa, la Banca Privada se quedará, por “dos duros”, toda la Banca Pública y, en consecuencia, cerca del 43% del mercado del crédito.
CGT intentamos personarnos en la causa contra Bankia, porque defendemos el interés general de los trabajadores y trabajadoras, los cuales han tenido que salir con ERE, habiendose cerrado cientos de oficinas. CGT no está dentro de “estos sindicatos”, no pertenece a la “casta sindical”. Los sindicatos CC.OO y UGT se han comportado y se comportan como conniventes con las clases poderosas, con las patronales, con los partidos políticos saqueadores del dinero público.
La sociedad civil, la mayoría social, tiene que dilucidar y posicionarse con quienes son “sistema-casta-clase poderosa” y nos han llevado a esta barbarie, o en el lado de una posición ética del bien común, de lo suficiente, y no más, para todos y todas.
CGT históricamente y en el presente – futuro, pelea, lucha y se mueve en el campo del bien común, de la solidaridad, del apoyo mutuo y de una sociedad que pretende terminar con este sistema delincuente.
Fuente cgt.org.es
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